Entre los efectos de la reforma energética de 2013 en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, uno relevante fue la fragmentación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De ser una sola gran empresa, de las más importantes del continente, fue dividida originalmente en trece subsidiarias y filiales. Las legislaciones y normatividad de la reforma de 2013 favorecieron en gran manera al sector privado. En contraparte, el tratamiento a la CFE fue mayoritariamente adverso, casi doloso, con la aviesa intención de disminuirla. No solo la dividieron. Pusieron a pelear entre sí a subsidiarias y filiales las cuales en muchos casos compartían espacios e instalaciones. Esto trastocó su cadena de valor. Redujo su eficiencia operativa y administrativa, sus capacidades financieras, de inversión, de servicio, lo mismo que su competitividad. El reflejo más relevante de esta condición se percibe en la prestación del servicio público. La continuidad del suministro, atención de apagones, fallas y reportes, no se atienden con la prontitud y efectividad de antaño. Para ejemplo de lo complejo que es actualmente el quehacer de CFE; una empresa subsidiaria se encarga de tomar las lecturas de los medidores, conectar nuevos servicios, cortar, reconectar. Otra se encarga de la contratación, la facturación y cobro. En caso de un reporte, queja, inconformidad, deben intervenir diferentes entidades.
La subsidiaria que atiende las solicitudes importantes, fraccionamientos, industria, grandes empresas, es diferente a la que se encarga de realizar las contrataciones. Para complicar aún más la situación; aunque sean de la misma subsidiaria frecuentemente difieren los procedimientos según sea la región del país.
Al separar a la CFE, obligaron a las subsidiarias y filiales a incrementar el personal para cubrir en cada una de ellas actividades que antes las hacía un solo equipo para todos desaparecieron las economías de escala. Lo anterior ha provocado un exceso de personal, lo cual no necesariamente asegura productividad y eficiencia. Los estados de resultados financieros anuales usualmente son de pérdidas en varias de las empresas. Son contadas las que presentan ganancias.
Cada una de las subsidiarias y filiales tiene sus propios corporativos. Las directrices, políticas, estilos de liderazgo, son distintos en cada una de ellas. Se dificulta la alineación, la sinergia, el definir y seguir una visión compartida. Lo que sí tienen en común es lo clásico de las empresas en crisis; mucho activismo con poca estrategia, además de padecer severas limitaciones presupuestales.
Previo a la reforma energética promovida por el ex presidente Enrique Peña Nieto en 2013, el sector eléctrico mexicano no estaba en ruinas ni endeble. No se padecían frecuentes y prolongados apagones en el sistema. Las tarifas no eran exorbitantes y la percepción de los clientes era favorable. La Comisión Federal de Electricidad era una empresa reconocida y respetada local e internacionalmente. No se podría comprender el crecimiento y desarrollo de nuestro país al margen de la participación de la CFE. Desde su creación hace 86 años, la CFE ha electrificado prácticamente la totalidad del territorio nacional, 99.29 % de los habitantes, muy a tono con su eslogan original: “Electricidad para el Progreso de México”.
Asumiendo que prevalezca en México un sector energético con participación mixta, Estado-Privados, se precisa además de una sensata regulación del Estado, que el país cuente con empresas estatales, en este caso la CFE, como herramienta de política pública; fuertes, productivas, para evitar abusos y distorsiones del mercado, cuidar al consumidor y presionar los precios a la baja.
Para fortalecer a la CFE se precisa entre otras cosas, el recomponer la legislación y normatividad arbitrariamente adversa que ha menoscabado sus capacidades. Un aspecto sumamente importante es reestructurarla para volverla a integrar y con ello recuperar su cadena de valor y economías de escala.
Nos debe quedar claro a todos que la electricidad es pilar del desarrollo económico y social, lo mismo que de la calidad de vida de la población. Lo energético es un asunto vital, estratégico, de seguridad nacional, que requiere de una adecuada rectoría del Estado para asegurar se privilegie el interés público. Apremia recuperar a la CFE. Ojalá el gobierno y demás actores abonen para tal fin. Nos conviene a todos.
