En las naciones en vías de desarrollo, particularmente en Latinoamérica, los sectores energéticos enfrentan la disyuntiva de depender del Estado o del mercado. México no ha escapado a estas tendencias, planteándose un esquema mixto. El 20 de diciembre del año 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma constitucional donde se estableció que la actividad energética dejaba de ser monopolio del Estado, permitiendo la participación de particulares en los sectores de hidrocarburos y eléctrico, transformando a las otrora paraestatales; la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), en Empresas Productivas del Estado. La generación y comercialización de energía eléctrica quedaron abiertas a la competencia de empresas nacionales e internacionales.
Desde sexenios anteriores se perfilaba por parte de los gobiernos en turno desaparecer o disminuir a la CFE. Esta comenzó a perder grandes clientes a partir de 1992 con la entrada del esquema denominado autoabastecimiento, el cual dio lugar a un irregular mercado encubierto donde se simularon socios para que empresas eléctricas privadas les vendieran energía en condiciones atípicas. Costos de porteo inferiores a otros países por el uso de las redes de transmisión y distribución de la CFE, así como integrar centrales intermitentes sin almacenamiento ni inversiones conexas para mitigar la variabilidad, intermitencia y la carencia de inercia rotatoria. Esto ha obligado a mantener rodando centrales convencionales como respaldo de las renovables intermitentes sin recuperarse la totalidad de los costos incurridos. Adicionalmente, dichas centrales renovables han inyectado al sistema eléctrico energía intermitente y la CFE ha entregado en los puntos de consumo usualmente energía convencional estable de mayor costo de generación. En el tema de los Productores Independientes de Energía (PIE), con este esquema la CFE dejó de generar y comenzó a comprar energía a privados mediante contratos suscritos en condiciones desventajosas.
El pasado 4 de abril de 2023 se anunció que la CFE le compraría a Iberdrola 13 plantas que operaban bajo la modalidad de Productor Independiente de Energía. 12 de ciclo combinado y 1 eólica por un monto en números redondos de 6 mil millones de dólares y que representan 8,500 MW de capacidad instalada de generación. Esta operación se pretende instrumentarla mediante un esquema de fondeo donde intervienen la SHCP, FONADIN, CFE y un gestor que es Mexico Infraesttructure Partners (MPI). Entre las plantas consideradas en la transacción la más antigua entró en operación comercial en 1998 (hace 25 años). Las más recientes entraron en operación en 2022 (hace 1 año). El promedio es de 10.3 años de antigüedad –no son plantas obsoletas ni mucho menos chatarra-. Todas utilizan tecnología contemporánea. Se estima que aún tengan buen tiempo de vida útil. El precio promedio de compra por MW de capacidad es aceptable desde el punto de vista técnico-financiero.
La noticia desató gran efervescencia en los medios de comunicación y redes sociales con publicaciones a favor y en contra de tal medida. Para entender este evento es necesario darle un repaso a los antecedentes y contexto sobre el asunto. Los Productores Independientes de Energía (PIE) surgieron de la reforma de 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica como una manera de permitir la participación privada en la generación sin violentar precisamente al servicio público. El argumento fue que presuntamente la CFE no contaba con recursos financieros propios para construir las nuevas centrales requeridas para cubrir la creciente demanda de energía eléctrica. Los PIEs son empresas privadas que generan electricidad para venderla exclusivamente a la CFE en respuesta a las licitaciones presentadas en su momento por esta última –al final del contrato los activos no pasan a ser propiedad de la CFE-. Esta figura desapareció en cuanto a nuevos permisos con la reforma energética de 2013 promovida por el ex presidente Enrique Peña Nieto. Solo están vigentes los permisos que se concedieron previamente a dicha reforma.
Mucho se ha escrito y comentado que el costo de generación por unidad de energía aparentemente es inferior en los PIEs que en las centrales de CFE. Esto también tiene cierto grado de complejidad. Primero, el precio por unidad de energía generada no es precisamente lo que más impacta financieramente a la CFE. Lo que convierte oneroso al esquema de PIEs es que los contratos favorecen en demasía a las empresas privadas. En ellos se establece que la CFE está obligada a comprar energía por 25 años a los productores independientes de energía PIE´s. En el contenido y clausulado de los mismos se le trasladan todos los riesgos a la CFE, entre ellas las de caso fortuito o fuerza mayor que obliga a la CFE a pagarles la totalidad de los cargos fijos. Se les consideran coberturas a favor del generador privado respecto a tarifas crecientes, el riesgo cambiario, riesgo por inflación, subsidios, debe pagarles los cargos incluso si sus centrales no son despachadas. En conjunto, se les garantiza una alta rentabilidad de su inversión a expensas del erario público. Los PIEs se convirtieron en una carga financiera para CFE mayor a que si hubiera optado por construir sus propias plantas con financiamiento externo.
Se argumenta por parte de los críticos al gobierno que los beneficios excesivos para los privados propietarios de los PIEs responden a las bases de licitación que la propia CFE realizó en su momento. Tantas concesiones contractuales para beneficiar a las empresas privadas hace pensar en una crasa ineptitud o bien en componendas dolosas. Ambos supuestos ameritarían una exhaustiva revisión para determinar posibles responsabilidades por daño patrimonial de quienes prepararon y suscribieron los contratos, además de determinar si se violaron los preceptos de las leyes y normatividad hacendarias mexicanas.
Otro aspecto importante es que en el Mercado Eléctrico el orden de despacho contemplado ha sido el de costo marginal o marginalista, en el cual no se incurren todos los costos. Bajo este esquema las primeras plantas en despacharse son las eólicas de Iberdrola a pesar que tienen un costo real superior al de las eólicas de CFE. De considerarse el criterio del menor costo total, el despacho ubicaría otro orden comenzando por centrales de CFE eficientes.
El esquema de adquisición de las 13 centrales a Iberdrola, empresa privada, con recursos del Estado no deja lugar a dudas de que pasarán a propiedad de la nación. De igual manera es cierto de que no es generación nueva o adicional al inventario de capacidad instalada del Sistema Interconectado nacional (SIN). De acuerdo a datos del PRODESEN 2022, la capacidad total instalada en nuestro país sumadas las diferentes tecnologías es de 89,479 MWs. La demanda máxima del SIN anda por los 43,271 MWs. Aún asumiendo que no toda la capacidad instalada esté disponible simultáneamente, de momento no existe riesgo de insuficiencia de generación. Se han detectado casos donde es necesario resolver problemáticas puntuales de generación como son el caso de las penínsulas de Baja California y de Yucatán. La información con que se cuenta señala que ya se están atendiendo ambos casos.
El hecho que el Estado vía la CFE sea propietario y opere las 13 centrales indudablemente le confiere mayor participación en la generación de energía que el país demanda. Con estas plantas la aportación de generación de CFE pasará del 40 % al 56 %. Poco más de la mitad de la energía demandada, dando certeza, seguridad energética que se traducirá en capacidad de decisión y protagonismo en el suministro de electricidad y en la determinación de las tarifas.
Sacudirse de encima contratos lesivos, onerosos, sin duda es una buena acción, un acierto, para CFE y para México. El hecho de que esto suceda de manera tersa, consensuada entre el Estado e Iberdrola, es evidencia que no se dieron atropellos ni se violentaron los derechos de los privados por parte del gobierno. La energía y en particular la electricidad, es insumo vital del cual depende el crecimiento en lo económico, social y en la calidad de vida de la población. Por ello es importante asegurar ese concepto llamado soberanía energética, que consiste en satisfacer la demanda de energía con recursos propios sin depender en demasía de terceros. Es relevante también lograr consensos y sinergia entre los actores directos e indirectos del sector: gobierno, iniciativa privada, organismos autónomos, academia, sociedad, para conducir a nuestros países y mundo hacia una condición energética más segura, eficiente y sustentable. Hacemos votos porque así sea.
